Desde la concepción de la educación como derecho ha estado fuertemente vinculada a la convivencia y construcción de Paz, así lo consagra el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) al declarar:

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.” 

Naciones Unidas reafirma el compromiso de promover la educación de todos en el sentido de la justicia, la libertad, los derechos humanos y la paz a través de diversos instrumentos jurídicos u operativos: la Recomendación de 1974 (Unesco), la Declaración y Programa de Acción de Viena (Naciones Unidas, 1993), Declaración y el Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia (Unesco, 1995), Programa mundial para la educación en derechos humanos (Naciones Unidas, 2005). 

La educación como derecho y bien común de la humanidad es la clave para el desarrollo sostenible y la construcción de paz, así es ratificado en la agenda 2030 y se materializa en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), cuyo propósito es “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (Naciones Unidas, 2016).

El ODS 4 tiene el potencial de movilizar la realización de otros ODS, cuando las personas logran acceder a educación de calidad se abren oportunidades para romper ciclos de violencia, reducir desigualdades y transitar hacia sociedades justas e incluyentes. En este sentido, el Centro Internacional para la justicia Transicional -ICTJ- cree “que después de un conflicto armado la educación puede ser crucial para la consolidación de la paz. La reconstrucción del sistema educativo de un país puede ayudar a prevenir los rebrotes violentos y estimular la legitimidad de las instituciones democráticas”.

A nivel país, la Constitución Política de Colombia consagra la convivencia pacífica como uno de los fines esenciales del Estado, reconoce la defensa y difusión de los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica y lo define como deber de toda persona y ciudadano.

La Constitución le atribuye a la educación la tarea de formar al colombiano en el respeto a los Derechos Humanos, a la Paz y a la Democracia, este mandato lo aterriza en la ley general de educación en donde incorpora como fines de la educación: la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad (Ley 115 DE 1994 – Artículo 5º / Numeral 2). La Ley 115 de 1994 reglamenta el manual de convivencia como mecanismo para regular la vida en la comunidad educativa en el marco de sus proyectos educativos institucionales.

Son evidentes los esfuerzos desde la política pública educativa para consolidar la paz y convivencia en las instituciones educativas, dichos esfuerzos se han manifestado a nivel nacional, regional y local, a continuación, se desarrollará cronológicamente la evolución del marco político y normativo en Colombia.A finales de los 90 el Ministerio de Educación Nacional (1998) publicó el documento con los lineamientos curriculares para las áreas de Constitución Política y Democracia y Ética y Valores Humanos, el documento registra un cambio en los procedimientos del Ministerio de Educación para orientar el desarrollo pedagógico del país:

“Abandona el rol de diseñador de un currículo nacional para asumir el de orientador y facilitador de ambientes de participación en los cuales las comunidades educativas despliegan su creatividad y ejercen la autonomía como condición necesaria para que haya un compromiso personal e institucional con lo que se hace y se vive en las aulas”(MEN, 1998).

En el año 1999 el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación, el ICBF en articulación con OPS/OMS y Unicef (1999) desarrollaron la “Estrategia Escuela Saludable, la alegría de vivir en paz”, esta iniciativa incluía en sus apuestas:

“Promover el trabajo intersectorial entre salud, educación y defensorías, alrededor del componente de salud mental en la escuela saludable permitiendo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, y la calidad del clima dentro del aula en términos de convivencia armónica, ausencia de peleas, y existencia de grupos de amigos” (Ministerio de la Protección Socia & Ministerio de Educación Nacional, 2006).

El Ministerio de Educación Nacional publicó en el 2004 los estándares básicos de competencias ciudadanas2, el documento define las competencias ciudadanas como “las habilidades y los conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo” (MEN, 2004).El código de infancia y adolescencia (Ministerio de Protección Social, 2006) ratifica la formación y promoción de la convivencia pacífica en el orden familiar y social como obligación del Estado.

La ley 1098 del 2006 le atribuye a los Establecimiento Educativos la obligación ética fundamental de formar y proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los profesores; así como: Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.

 En el 2007 se expidió la Ley 1446, la cual define la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, esta ley les asigna responsabilidades preventivas a los establecimientos educativos:

Los establecimientos educativos oficiales y privados, que ofrezcan educación formal en los niveles de básica y media, deberán incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana, prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de que puedan ser víctima, los educandos, dentro y fuera de los establecimientos educativos (Congreso de Colombia, 2007).

En lo regional, la Asamblea de Norte de Santander sancionó la ordenanza 015 del 2007, con el propósito de crear e institucionalizar el programa de formación permanente de convivencia, paz y no violencia, el cual sería desarrollado en las instituciones educativas del departamento.

En el 2008 se reconoce la violencia contra las mujeres en el marco normativo colombiano, la Ley 1257 (Congreso de Colombia, 2008) dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, en este marco le asigna al Ministerio de Educación Nacional las siguientes funciones:

1. Velar por que las instituciones educativas incorporen la formación en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres como parte de la cátedra en Derechos Humanos.
2. Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres de familia, en el tema de la violencia contra las mujeres.
3. Diseñar e implementar medidas de prevención y protección frente a la desescolarización de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia.
4. Promover la participación de las mujeres en los programas de habilitación ocupacional y formación profesional no tradicionales para ellas, especialmente en las ciencias básicas y las ciencias aplicadas.

La Ley 1448 de 2011 ratifica el Deber de Memoria del Estado Colombiano, en este marco se atribuye al Ministerio de Educación Nacional el deber de “fomentar desde un enfoque de derechos, diferencial, territorial y restitutivo, el desarrollo de programas y proyectos que promuevan la restitución y el ejercicio pleno de los derechos, desarrollen competencias ciudadanas y científico-sociales en los niños, niñas y adolescentes del país; y propendan a la reconciliación y la garantía de no repetición de hechos que atenten contra su integridad o violen sus derechos”.

La ley 1620 del 2013 creó el “sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”, en este marco se crearon los comités de convivencia escolar a nivel territorial, con la tarea de promover acciones y procesos de formación para el ejercicio de la ciudadanía, la convivencia y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

A través de la ley 1732 de 2014 y reglamentada en el decreto 1038 de 2015, se estableció la catedra de la paz con el objetivo de “crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible” y el deber de “fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.

En el marco de la implementación de la catedra de la paz se asigna a las entidades territoriales certificadas en educación, en trabajo articulado con los Comités Territoriales de Capacitación a Docentes y Directivos Docentes, las siguientes funciones:
a) Identificar cada dos (2) años las necesidades de formación de los docentes y directivos docentes en servicio adscritos a la entidad territorial en materia de Derechos Humanos, cultura de paz, y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la diversidad y pluralidad.
b) Financiar o diseñar en sus respectivos planes de formación a docentes y directivos docentes, programas y proyectos de alta calidad que ofrezcan las instituciones de educación superior u otros organismos, para responder a los objetivos de la Cátedra de la Paz, así como promover su incorporación a los mismos.
c) Valorar y evaluar cada dos (2) años, mediante mecanismos adecuados y contextualizados, el impacto de los programas y proyectos de formación a docentes y directivos docentes.

En el marco del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (Mesa de conversaciones, 2017) se incorporó el Plan Especial de Educación Rural (PEER) como mecanismo para la inclusión y el cierre de brechas, el fortalecimiento de la democracia y abordar los efectos de más de medio siglo de guerras. La estrategia de Promoción de Paz, Reconciliación y Convivencia del PEER (MEN, 2017b) presenta a la escuela como actor central en la construcción de paz, reconciliación y convivencia.

El ICBF (2017) emitió el lineamiento técnico para la atención de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados por causa de la violencia con el propósito:

Brindar elementos para la comprensión de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y sus diversas expresiones, así como líneas orientadoras, desde el marco misional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las competencias establecidas por Ley a las Autoridades administrativas y la articulación intersectorial para el abordaje integral y de Restablecimiento de Derechos.

El lineamiento técnico en el marco de las acciones de coordinación intersectorial para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia contempla:

Gestionar valoración pedagógica ante las instituciones educativas, con el fin de identificar posibles dificultades escolares y gestionar apoyos que incidan en la inclusión, desempeño y éxito escolar de los niños, niñas y adolescentes.

En diciembre de 2017 a través de la ley 1874 se reestableció la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia en la educación básica y media como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales, esta medida tiene como propósito:

a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la Nación colombiana;
b) Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país, en el contexto americano y mundial;
c) Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país.

La construcción de los documentos que orientan el diseño curricular de todos los colegios del país estará a cargo de la Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la Historia de Colombia. Las Instituciones educativas, en el marco de su autonomía, adecuarán sus Proyectos Educativos Institucionales para la enseñanza de la historia de Colombia.

El Plan de Acción para la Transformación Regional del Catatumbo (ART, 2018) incluye en el pilar 4 -Educación rural y primera infancia rural- una medida orientada a “fortalecer e implementar estrategias para hacer escuelas protectoras de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes rurales en especial frente a las violencias, riesgos y vulneraciones, en los municipios PDET de la subregión Catatumbo”.

La Unesco (2019) impulsa la iniciativa “Los futuros de la educación” con el propósito de (re)imaginar cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden dar forma a los futuros de la humanidad en un contexto de creciente complejidad, incertidumbre y precariedad. Así mismo, el papa Francisco (2019) moviliza el Pacto Educativo Global “para reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión”.

El gobierno de Colombia (DNP, 2019) reconoce a la educación como la herramienta más poderosa para promover la movilidad social y para la construcción de equidad, en este sentido el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 afirma que es a partir de la educación que los niños, niñas y adolescentes logran romper la desigualdad intergeneracional.

Durante el 2019 funcionó la Misión Internacional de Sabios (2020), está misión reconoce que:

la paz no depende de la firma de un acuerdo, sino de la construcción de unas condiciones de equidad que permitan llevar una vida digna a todos los colombianos. Las ciencias sociales y humanas no han sido ajenas a este llamado y han volcado sus esfuerzos en los últimos años a la generación de conocimiento que permita la superación del conflicto. Sin embargo, estos esfuerzos se han hecho en muchas ocasiones al margen del SNCTI y con apoyo principalmente de gobiernos extranjeros, entidades multilaterales y otras agencias del gobierno nacional.

La Misión de Sabios invita a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a producir conocimiento e innovación social que permitan:

Desarrollo de modelos y metodologías para la resolución de conflictos y educación para la paz.
Desarrollar programas para promover las habilidades socioemocionales y las competencias ciudadanas teniendo en cuenta los contextos locales, la participación de las comunidades y la educación en memoria histórica con el objetivo de promover el bienestar personal, la democracia y la construcción de paz, especialmente en comunidades que han experimentado diversas formas de violencia. 

La Misión de Sabios propone la conformación de redes subregionales de centros de innovación en educación, entendidas como espacios para compartir aprendizajes, adelantar investigación pedagógica y sobre el contexto, y vincular a los maestros con la cultura y las comunidades. Las redes de innovación en educación brindarán capacitaciones en habilidades socioemocionales, competencias ciudadanas y construcción de paz.
La Misión enfatiza en que “la búsqueda de soluciones a los retos sociales y ambientales de nuestros tiempos excede el alcance de las políticas estatales sectoriales y territoriales, y demanda de los gobiernos nacional, regionales y locales el compromiso de promover diálogos, aprendizajes y experimentación conjunta entre diversos actores”.

La Política Nacional De Ciencia, Tecnología e Innovación 2021 – 2030 retoma las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios en “tres grandes propósitos, a saber: (i) la CTI para la generación de nuevo conocimiento y el aprovechamiento de la diversidad natural y cultural; (ii) la CTI para la productividad y la competitividad; y (iii) la CTI para la equidad social y la sostenibilidad ambiental” (Conpes, 2021).

El Congreso de Colombia en el 2020 sanciona la Ley 2025 de 2020 con el propósito de fomentar la participación de los padres y madres de familia y cuidadores, de los niños, niñas y adolescentes en su formación integral: académica, social, de valores y principios de los estudiantes de preescolar, básica y media en las instituciones educativas públicas y privadas, establece lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores, les asigna a las entidades territoriales certificadas en educación la función de:

promover la implementación de las Escuelas para padres y madres de familia y cuidadores en todos sus niveles, así como incluir en su plan de formación docente temáticas que fortalezcan las capacidades de los docentes y los directivos en el desarrollo de estas escuelas (Congreso de Colombia, 2020).
Desde el principio de autonomía de los Establecimientos Educativos, reglamenta la inclusión de lineamientos de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI).

La Secretaría de Educación de Norte de Santander con apoyo de Propaz GIZ en el 2020 facilitaron la construcción participativa del Plan departamental Territorio, Memoria y Convivencia, el plan es el resultado de una construcción participativa que vinculo a establecimientos educativos de 39 municipios del departamento, y se construyó a partir de la siguiente hipótesis de trabajo: La memoria histórica, la educación para la paz y la formación en ciudadanía representan una triada interdependiente que puede favorecer en los entornos escolares, la convivencia pacífica, el desarrollo de la conciencia política y el cuidado de la vida.

En el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Más oportunidades para Todos”, se priorizó como Proyecto Bandera el Pacto por la Educación, en este marco la gobernación de Norte de Santander (2020) emprendió la construcción participativa de una Política Pública Educativa que responda a las realidades y la diversidad del departamento y que prepare a las nuevas generaciones para los retos que enfrentara la humanidad. La Gobernación de Norte de Santander concibe el pacto por la educación como un gran acuerdo social alrededor de una visión de largo plazo de la educación como principal agente de cambio para construir una sociedad más justa, equitativa y en paz.

En el marco de la implementación de los acuerdos entre el Gobierno de Colombia y Las Farc – EP se le encargo a la Comisión de la Verdad la construcción del informe final sobre lo que sucedió en el conflicto armado en Colombia. El informe será entregado en junio de 2022 y busca esclarecer los patrones y las causas explicativas del conflicto armado interno, con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promover el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuir a sentar las bases para la no repetición.